Chrysler dijo en un comunicado que la aprobación de la financiamiento "da a la compañía los recursos para que las operaciones sigan su "curso normal" mientras espera la aprobación" de la fusión con Fiat.
El vía libre al financiamiento por parte del gobierno trajo la oposición de un grupo de acreedores Non-Tarp (Troubled Asset Relief Program), que definió la medida como un puente a la venta ilegal del activo. En efecto, los representantes de tres acreedores que han provocado la quiebra de Chrysler (los fondos de inversión Oppenheimer Funds, Perella Weinberg Partners y Stairway Capital) se opusieron a que el juez aprobase el acceso a los fondos ofrecidos por Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, el juez González dio vía libre a la casa automovilística para el pago de las obligaciones en relación con los concesionarios y proveedores por u$s8.000 millones. En tanto, la automotriz también pedió que González apruebe una indemnización de u$s35 millones si Fiat rompe el acuerdo de fusión.
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