La industria automotriz está viviendo desde hace varios meses uno de sus peores momentos de las últimas décadas.
Tras el triunfo de Alberto Fernandez, la ilusión se había renovado. Como en todo comienzo de una nueva gestión se esperan con expectativa las propuestas concretas de los famosos primeros 100 días de gobierno.
Esta ilusión se desvaneció muy rápido para la industria automotriz, en apenas una semana tras presentar el Plan Automotor 2030 (leer aquí), se deslizó el documento que entró al congreso donde detalla la actualización del impuesto interno para el año 2020.
Hasta fin de año, la vigencia del impuesto establecía que los vehículos de más de 1.832.000 de pesos de precio mayorista tributarían una alícuota de 20%.
Desde el 1 de enero de 2020, se desdoblará la escala de dicho impuesto. La alícuota del 20%, primera escala, se pagará desde el precio mayorista de $1.300.000 -equivalente a 1.560.000 de pesos al público- hasta los $2.400.000.
La segunda escala, será para los vehículos con un precio mayorista superior a los 2.400.000 de pesos -aproximadamente $3.960.000- con una alícuota del 35% que se traduce en un tributo del 54% sobre el precio final.
De esta manera, gran parte del segmento c ingresa al tributo que solía ser para los modelos de lujo.
Así, varias marcas generalistas son golpeadas fuertemente, especialmente sus inversiones que producirán autos con una nueva carga impositiva desde la línea productiva.
Tras la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, el gobierno tendrá que pensar quien será solidario con esta industria, fuente de trabajo de miles de familias en todo el país.